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Es indudable que la inseguridad y la incertidumbre que genera la falta
de información han marcado significativamente la sociedad del siglo XXI.
Cada día nuevas amenazas, retos y desafíos a la seguridad de las
sociedades obligan a las autoridades nacionales a revisar sus estructuras
defensivas o preventivas, buscando, ya sea en conjunto o de manera
particular, rediseñar, transformar o crear esquemas de respuestas para
proveer a sus ciudadanos niveles de seguridad adecuados a las aspiraciones de
progreso social y crecimiento económico.
En toda esta afanosa tarea, prioritaria en la mayoría de las
estrategias nacionales, la provisión de información procesada para la toma de
decisiones al más alto nivel, se convierte en una política de amplio alcance
que involucra generalmente a diversos poderes y funciones públicas
importantes, entre estas las entidades de seguridad y defensa, los organismos
de inteligencia del nivel estratégico, y de manera muy puntual las que
manejan la diplomacia.
En esta última instancia, la mayoría de los países que tienen más
influencia en el ámbito internacional y que han tenido éxitos notables en la
competencia global, están entre aquellos que han logrado revisar
y adaptar con mayor eficiencia y celeridad los roles tradicionales de la
diplomacia, asumiendo la prevención mediante la captación de información
oportuna como una necesidad perentoria para poder competir en todos los
ámbitos, ya sean estos de naturaleza política, económica, social o militar.
Por esta y otras razones, el concepto diplomacia preventiva promovido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace muchos años es
parte integral de los esfuerzos más amplios de prevención de conflictos, y se
refiere específicamente a las medidas diplomáticas que se toman en la etapa
más temprana posible, y se destinan “a evitar que surjan controversias entre
dos o más partes, que las controversias existentes se transformen en
conflictos y que estos, si ocurren, se extiendan”.
Basados en esta premisa, se entiende que la capacidad de prospectar
“ver” el futuro, de conocer las variables que sustentan las incertidumbres y
disminuir los niveles de duda e inseguridad, son tareas fundamentales de
cualquier Estado en su responsabilidad de alcanzar y mantener los objetivos
deseados, para lo cual es usual que se establezcan estructuras especializadas
en el ámbito de la inteligencia estratégica con la misión de obtener
información anticipada relacionada con los actores y factores generadores de
problemas y, en función de los intereses nacionales de seguridad, analizar
los escenarios de conflictos futuros que los involucran, de manera que se
puedan tomar decisiones que neutralicen o minimicen sus efectos.
En este contexto, la Inteligencia de Estado tiene valor de
oportunidad, pues al lograr minimizar la incertidumbre, disminuye la
percepción que se deriva de no saber qué pasa o qué pasará, convirtiéndose en
un soporte importante a las políticas de seguridad nacional y a la política
exterior de un país.
En el caso particular de Chile existe una “Agencia Nacional de
Inteligencia”, de acuerdo a la Ley 19.974, que tocan de cerca intereses
nacionales se supone muy sensibles, que debe plantear con adecuada
oportunidad, la prevención de la seguridad del estado en diversos
ámbitos, la que necesariamente debe incluir
la integración al proceso de un Sistema de Nacional de Inteligencia, constituido
por todas las agencias nacionales con funciones en esta área, y coordinadas
por una autoridad que centralice la producción de inteligencia e información
necesarias para la toma de decisiones en el logro de los objetivos y
propósitos nacionales”, independientemente de que la propia Constitución
Nacional, asume su existencia como un instrumento del Estado.
En contraposición, se torna evidente que nuestro vecino más cercano
siempre ha sido muy diligente y hábil en el manejo, manipulación y
direccionamiento de las mejores herramientas de la información y la
diplomacia, en pos de alcanzar y defender lo que entienden como sus intereses
nacionales, para el efecto podemos indicar el caso de la Haya y otros
problemas diplomáticos, que no hemos podido resolver en beneficio de la
integridad de nuestro territorio. Sin duda que estas diplomacias han sido
constantes, sostenidos, firmes y persistentes y nadie puede dudar que a ellos
los guie una política de Estado que ha tenido continuidad en el tiempo.
Reconociendo críticamente esta realidad y asumiéndola como una
“lección aprendida”, parece perentorio que nuestro país deberá abocarse a la
definición de una política de Estado que vinculada a la inteligencia,
diplomacia y seguridad de estado, pueda
establecer una adecuada estructura de captación de inteligencia estratégica,
porque está claro, y para muestra basta un botón, que como sentenció
Sun Tzu hace cientos de años, “la información previa no puede obtenerse de
fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante
cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan de análisis de
inteligencia, para evaluar la situación del mundo y prospectarlo para la toma
de decisiones al más alto nivel de la nación”.
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